martes, marzo 29, 2011

Para ver si...

Por si alguien tiene curiosidad; esto dice el artículo 31 de la Ley del Gobierno de Andalucía:

"Deber de secreto
1. Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos.
2. Las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto, estando obligados sus integrantes a mantener dicho carácter, aun cuando hubieran dejado de pertenecer al Consejo de Gobierno."

La juez Alaya ha pedido las actas de los consejos de Gobierno de los últimos 10 años, algo a lo que la Junta de Andalucía se ha negado, aunque no a facilitarle toda la documentación existente sobre acuerdos concretos de ese órgano.
¿Para qué quiere esta señora todos esos documentos, que la ley declara reservados y secretos? A un lego en derecho como yo le parece una actuación casi inquisitorial, al estilo de la tristemente célebre "Causa General" tras la guerra civil, en busca de supuestos delitos, e iniciada no a partir de la denuncia de hechos concretos supuestamente delictivos, sino para ver si encuentra delitos en la actuación global de los gobernantes andaluces. ¿Cómo se puede defender una persona o una institución de una acusación que no existe o que es secreta?
Además, no se puede olvidar que se trata de un Gobierno fruto de la voluntad popular, legítimamente constituido y beneficiario de la presunción de legalidad en sus actos, y no de un grupo de facinerosos.
Al margen del conflicto entre poderes del Estado -jueza y Junta lo son- que se está configurando, resulta difícil (o fácil) imaginar el volumen de expedientes y documentos que habrá estudiado el Consejo de Gobierno en diez años, a razón de más de 45 reuniones cada año. Si se remitieran al juzgado, esos centenares de miles de folios se unirían a los 150.000 folios de los expedientes del "caso Ere" que ya ha enviado la Junta a la jueza, con la información que ha pedido y también con el resultado de la investigación abierta por la Consejería de Empleo. El análisis inquisitorial de todo este material requeriría la colaboración de decenas de expertos -los acuerdos del Consejo de Gobierno abarcan todas las materias imaginables- y miles de horas de trabajo, y el secuestro de la actividad del juzgado durante tal vez años.
Y todo "para ver si..."

1 comentario:

Pilar dijo...

¡magnífico!, algo olía a podrido...
gracias, Tomás, por estos valiosos datos.
Hay tanta avidez, y tristeza, que a río revuelto ganancia de pesacadores, es facilísimo enviar mensajes populistas.Tú ahí dando en el clavo.
Un besazo